La Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) exigieron la ejecución inmediata de la sentencia que declara ilegal el cobro por fracción en los aparcamientos públicos y privados.
La CECU reclamó a los aparcamientos públicos madrileños que trasladen de inmediato las consecuencias de este fallo a los usuarios puesto que es «notoria la ilegalidad del pago por fracción» que se ejerce en estos establecimientos. También advirtió de que esta decisión «no puede alterar ni modificar el precio de los aparcamientos en perjuicio del usuario».
Por su parte, la UCE exigió la aplicación inmediata de la sentencia a fin de que los aparcamientos «no sigan facturando de forma irregular» por un servicio no prestado, una partida que según cálculos de esta asociación asciende a más de 220 millones de euros.
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pidió al Ministerio de Sanidad y Consumo que interponga contra las operadores de telefonía móvil una demanda similar a la presentada contra los aparcamientos.
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