ABC.es 26/2/07 DOMINGO PÉREZ. MADRID.
El jueves 1 de marzo se cumple la moratoria de dos meses concedida por la ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios -aprobada el 29 de diciembre y en vigor desde el 1 de enero- que prohíbe a las compañías telefónicas el redondeo al alza y permite a los usuarios cambiar de operadora sin pagar penalización alguna.
A partir de ahora sólo se facturará por el tiempo efectivamente consumido y en segundos, y se deberán actualizar todos los contratos de acuerdo a lo establecido por la nueva norma. Sin embargo, todo apunta a que las empresas no están dispuestas a cargar con el coste que supone acabar con el redondeo. Aluden a que esta práctica servía para cubrir los costes de establecimiento y finalización de llamadas y anuncian medidas, entendidas por las asociaciones de consumidores como «draconianas» y claramente en contra del espíritu de la ley.
Así, en las últimas semanas se han sucedido las denuncias contra Movistar, Orange y Vodafone. Unas, por la amenaza de cobrar a sus clientes hasta 150 euros si solicitan la baja. Otras, por subidas unilaterales e inesperadas, situadas en torno a los 15 céntimos de euro por el inicio de cada conversación y por unas nuevas tarifas entre un 8 y un 20 por ciento mayores a las que había hasta ahora. E incluso por un posible pacto entre las tres grandes operadoras para «mimetizar la estructura de aumento tarifario». Al respecto, un estudio de Facua señala que Orange, al igual que Movistar, aumentará el coste de establecimiento de llamada en un 25%, de los 0.12 euros actuales a 0,15. También ambas cobrarán 0,45 euros por el inicio de cada conversación internacional.
Así, con los nuevos precios y tomando como referencia unos de los planes tarifarios más populares, una conversación de dos minutos con el contrato Libre de Orange aumentará en un 19%. En cuanto a Movistar, por lo que respecta a su producto «Mi Favorito» que en su publicidad garantizaba un céntimo por minuto, anuncia una subida del 20% a partir del día 1. La situación se encuentra tan enrarecida que el Ministerio de Sanidad y Consumo, ha intervenido para recordar a los usuarios sus derechos, que son los siguientes
Darse de baja. Los usuario de telefonía móvil tienen derecho a romper sus contratos sin abonar ninguna penalización por ello, en el caso de que decidan no aceptar las nuevas condiciones anunciadas por las operadoras. El derecho a desistir del contrato no puede verse condicionado u obstaculizado por las cláusulas de permanencia, ni puede vincularse a pagos previos en concepto de penalización.
Derecho a ser informado. La actual legislación reconoce al usuario, además, el derecho a ser informado con un mes de antelación de las modificaciones que se pretendan introducir en su contrato, entre ellas, las que se refieren a precios.
Derecho a conservar el número. El operador sólo podrá denegar la portabilidad del número si el usuario, en el momento de cambiarse de operador, tiene cortado el servicio por falta de pago de facturas anteriores, no por negarse a pagar la penalización. Este corte sólo puede producirse, según la legislación vigente, por impago de alguna factura y sólo en el caso en el que el operador haya seguido el procedimiento previsto en el contrato.
Reclamaciones. Dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del teléfono 901 33 66 99 o la página de Internet www.usuariosteleco.es. Asimismo, si se desea, se puede acudir a la Junta Arbitral que le corresponda por razón de su domicilio.
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