Consumer 16/3/07 Incide en la igualdad de requisitos para darse de alta y de baja en los servicios y en la eliminación del redondeo
Bajo el lema "¿Qué es lo que te corresponde?", el Ministerio de Sanidad y Consumo ha puesto en marcha una campaña dirigida a informar a los ciudadanos sobre los nuevos derechos recogidos en la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, aprobada el pasado mes de diciembre por el Parlamento.
Esta campaña, que incluye la emisión de 450 anuncios de televisión y 252 inserciones en prensa, destaca los aspectos de aplicación más cotidiana de la ley como, por ejemplo, el derecho de los consumidores a darse de baja de un servicio con la misma facilidad con la que se les da de alta. Incide además en la exigencia de aportar toda la información que necesite un usuario para contratar un servicio (el precio total de los billetes de avión, por ejemplo) y en la prohibición del redondeo con carácter general, tanto en el tiempo utilizado como en el precio, así como cualquier cláusula que prevea el cobro por servicios o productos no prestados.
En lo que se refiere a la compra de vivienda, la campaña destaca que la nueva ley establece como abusivas las cláusulas de los contratos o las prácticas comerciales de compraventa de vivienda que penalicen al consumidor si se niega a subrograrse en el crédito hipotecario del promotor, o le obliguen a asumir el pago de las tasas o impuestos que corresponden al vendedor (como, por ejemplo, la "plusvalía" o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). También considera abusivas las cláusulas o prácticas que impongan al comprador de una casa la asunción de los gastos de conexión a los servicios básicos -gas, agua, electricidad-, cuando ésta deba entregarse en condiciones de habitabilidad.
Otras medidas
La normativa refuerza además los mecanismos para garantizar la seguridad en el uso y consumo de productos y servicios. Para ello, autoriza a las administraciones a adoptar, ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, "todas las medidas necesarias" para hacer desaparecer ese riesgo. También amplía la legitimación de las administraciones ante los tribunales para requerir "el cese de prácticas comerciales" que sean contrarias a la ley. Asimismo, faculta a las asociaciones de consumidores, constituidas de acuerdo con la legislación específica, estatal o autonómica, para "la representación y defensa de los intereses generales de los usuarios" y, por tanto, únicamente estas estarán legitimadas para el ejercicio de las acciones "en defensa de tales intereses".
La ley también alude a la reforma del Sistema Arbitral del Consumo. El nuevo sistema, cuyo texto se encuentra en fase de audiencia pública, permitirá disponer de "un régimen adaptado a los retos actuales del consumo; será más eficaz y seguro", afirma el Ministerio. A efectos prácticos, la norma prohíbe el "pacto previo" para resolver esos futuros conflictos "a través de arbitrajes distintos a los creados por las normas legales o reglamentarias para sectores específicos" que, en estos momentos, están gestionados por las administraciones públicas.
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