ABC 4/4/07 El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha citado a declarar, el próximo 13 de abril, como imputados en un delito de estafa al presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros tres altos cargos de la compañía. Se trata de la primera diligencia judicial que se lleva a cabo contra los directivos de la compañía aérea.
La Audiencia Nacional se declaraba el pasado mes de diciembre, a través de un auto dictado por el juez Juan Del Olmo, competente para investigar la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía por los delitos de estafa y fraude a los consumidores.
Junto a Carrillo tendrán que declarar ante el juez Grande Marlaska, el adjunto al presidente de Air Madrid, Julio Miguel Martínez Sola; la directora del departamento de ventas, Silvia Avelar Bravo, y el director del departamento de gestión, Juan Barjau Romero.
El auto, de dos páginas, declaraba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a Air Madrid por la venta de billetes para volar por parte de la aerolínea «con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar», lo que habría causado un perjuicio a una «generalidad de personas» y un «grave perjuicio a los consumidores», se concretaba en el documento, informa Ep.
Cabe recordar que en la denuncia presentada por la OCU se solicitaba que el administrador de Air Madrid, su presidente José Luis Carrillo, declarase en calidad de imputado.
Retrasos constantes
La organización de consumidores argumentaba en su denuncia que Air Madrid ha sido «polémica» por sus «constantes y graves retrasos», que llevaron al Ministerio de Fomento a abrirle un expediente por sus incumplimientos.
A ello se sumaba que la compañía decidió «de forma inopinada» suspender sin previo aviso todos sus vuelos, decisión que supuso que «unos 100.000 pasajeros se quedaran en tierra», los cuales se han sentido «estafados» por la aerolínea, que pese a todo «no asume responsabilidad alguna por su conducta».
La OCU, que representa a 1.800 afectados, apuntaba que la «relevancia penal» de dichos sucesos radica en que en los días anteriores la suspensión de las operaciones de Air Madrid, la aerolínea siguió vendiendo billetes «con total normalidad», argumentando que una medida como la de suspender sus operaciones en todo el mundo «requiere una preparación previa y no se improvisa».
Asimismo la OCU cree necesario investigar si la compañía vendió billetes cuando sabía que el vuelo no se iba a realizar, lo que supondría «ilícito penal». En este sentido, se pregunta si el comunicado que hizo público, cerrar su web y cancelar todos sus vuelos era porque tenía pensando suspender su actividad, pese a seguir vendiendo los billetes.
La OCU, tras conocer la citación de Carrillo y tres de sus directivos, consideró que «existe un interés por parte del juez y del fiscal de acelerar el proceso». Este paso, además, parece confirmar «nuestras sospechas de que existen indicios suficientes para pensar que esa estafa se haya producido», según los consumidores.
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