ABC.es 16/1/2009 La Organización de Consumidores y Usuarios envía una carta a Zapatero en la que le pide que intervenga en el conflicto aéreo
Número de teléfono y correos para no olvidarse
Aunque la Organización de Consumidores y Usuarios ha decidido presentar una demanda colectiva contra AENA e Iberia por los sucesos acaecidos en Barajas desde el pasado viernes, ello no quiere decir que sea sólo esa vía la única válida para exigir los derechos que cualquier usuario considere legítimos. Además de la OCU (www.ocu.org), también existen otras organizaciones de consumidores, entre las que sin duda destacan Facua-Consumidores en Acción (Teléfono: 954.90.90.90), Confederación de Consumidores y Usuarios (91.364.13.84); Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (91.594.50.89) y Unión de Consumidores de España (www.uniondeconsumidores.info). Cualquiera de ellas cuenta con los medios suficientes para atender debidamente a los usuarios.
LUIS MIGUEL DEL BARRIO | MADRID
Las 60.000 víctimas del reciente caos de Barajas podrán sumarse de manera gratuita a la demanda colectiva que presentará la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía Iberia y el organismo público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). La noticia, adelantada ayer en exclusiva por ABC, desde primera hora de la mañana tuvo un eco espectacular tanto en Internet como en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, aunque muy especialmente entre los afectados por los hechos acaecidos en el aeropuerto madrileño desde el pasado viernes, con motivo del cierre de Barajas a causa de la nieve caída ese día en la capital de España.
Indemnizaciones
La OCU pedirá que se indemnice a los pasajeros conforme al reglamento europeo actualmente en vigor, por lo que no sólo exigirá la devolución del coste de los billetes y la indemnización oportuna según cada caso, sino también los daños y perjuicios que se hayan podido derivarse del hecho de la cancelación o retraso de los distintos vuelos. Como quiera que son alrededor de 60.000 las personas afectadas por ya conocido popularmente como «el caos de Barajas», en el caso de que la demanda prospere, las indemnizaciones serán sencillamente millonarias, sobre todo por el hecho de que, en caso de ganar la demanda, cualquier persona podrá adherise a la misma y pedir su ejecución inmediata aunque previamente no se haya inscrito como demandante. De ser así, y ponderando una media de alrededor de mil euros por reclamación, la demanda podría costarles a Iberia y AENA un mínimo de 60 millones de euros.
«Acción colectiva»
Ayer, fue tarea ardua contactar con alguno de los dos teléfonos facilitados por la OCU para informar a los afectados sobre la citada demanda (91.300.91.55 y 902.888.922), pues son muchas las personas que desean sumarse a esta «acción colectiva por intereses difusos», tal y como la califica la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, que entiende que tanto AENA como Iberia han incurrido en «un fraude de ley» del que deben responder precisamente ante los tribunales.
Por su parte, un portavoz autorizado de AENA declaró a ABC que, «de momento», dicho organismo público «no tiene nada que decir al respecto», pues «la demanda no ha sido todavía presentada y AENA desconoce por completo su contenido». Y añadió: «Cuando la OCU presente la demanda anunciada, entonces tendremos algo a lo que responder y a su vez podremos dar a conocer una opinión y una actuación» en relación a ese asunto. Hasta entonces, concluyó, «AENA no realizará ninguna declaración al respecto».
Del mismo modo, la compañía Iberia no emitió ningún comunicado oficial al respecto, aunque fuentes de dicha empresa recordaron a este periódico que «el aeropuerto de Barajas estuvo cerrado durante siete horas el pasado viernes y, en esas condiciones, es evidente que los vuelos no podían realizarse». De ahí que «Iberia se viera en la obligación de cancelar ese día un total de 448 vuelos». Como consecuencia de ello, «también se dió alojamiento a alrededor de 8.000 personas, siempre con la máxima flexibilidad y sin poner ningún tipo de pegas», concluyeron las mismas fuentes, no sin antes recordar que «sólo en el mes de diciembre, y en concepto de manutención y hoteles, Iberia ha dedicado más de cinco millones de euros en atender a los clientes, con motivo de la huelga de celo de los pilotos», a los cuales la compañía aérea acusa abiertamente de que están involucrados en «una huelga ilegal desde el pasado 4 de noviembre».
Carta a Zapatero
Precisamente en relación a este último punto, la Organización de Consumidores y Usuarios desveló ayer que el pasado 7 de enero registró en el Ministerio de la Presidencia una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le recuerda a éste que «los daños sufridos por los usuarios del transporte aéreo debidos a la supuesta huelga de celo que están llevando a cabo los pilotos de la compañía aérea Iberia, y que conocerá por los medios de comunicación, ponen de manifiesto la necesidad de acometer una regulación urgente del derecho de huelga».
Cualquiera de los 60.000 afectados por el problema podrá adherirse a la sentencia si ésta es favorable
Además, en la misma misiva, a la que ha tenido acceso ABC, se dice que, «en el caso concreto que nos ocupa, el hecho de que se trate de una «huelga de celo», no oficial ni comunicada por el sindicato, impide a la autoridad competente la fijación de unos determinados servicios mínimos, necesariso para garantizar los derechos de los pasajeros en un servicio esencial para la comunidad, como el transporte público».
A renglón seguido, y tras recordar que todavía no existe en España una Ley que regule el derecho de huelga, la OCU subraya que dicho derecho «no es un derecho absoluto» y que, por lo tanto, «ha de convivir con otros igualmente merecedores de protección, como la libertad de circulación por el territorio de todos los usuarios».
«Medidas de intervención»
Como quiera que «el mal ocasionado a todos los viajeros por parte de los pilotos de Iberia es bastante más grave que el que sufrirían ellos mismos si sus reivindicaciones no tuvieran éxito», la OCU entiende que «urge que el Gobierno adopte las medidas de intervención adecuadas para evitar, al menos en los próximos días, mayores daños a los usuarios y para garantizar el ejercicio de sus derechos».
Por lo demás, en dicha misiva, que va firmada por el presidente de la OCU, Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, éste también «reclama la necesaria aprobación de una Ley Orgánica reguladora del derecho de huelga que contemple debidamente la extensión con otros derechos merecedores de igual protección». Porque «es alarmante y a la vez preocupante comprobar cómo todos los años, y coincidiendo con épocas vacacionales, los trabajadores de empresas del sector de transporte de viajeros convocan huelgas y paros con la intención de causar el mayor daño posible a la población, incumpliendo además los servicios mínimos como forma de presionar a la empresa de cara a sus reivindicaciones».
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